Además, los profesionales inmobiliarios podrán ser multados con hasta 100.000 euros si ofrecen alquileres temporales que en realidad son permanentes. Estas sanciones podrán acumularse y los ayuntamientos también tendrán competencias para aplicarlas. Esta medida responde a una exigencia de los Comunes para reforzar el control sobre los precios del alquiler.
Este régimen sancionador y la normativa que lo regula se aplica exclusivamente a Cataluña, ya que se basa en la Ley de Vivienda de Cataluña y en el marco legal autonómico. Cada comunidad autónoma en España tiene competencias propias en materia de vivienda, por lo que estas sanciones no afectan al resto del territorio español, salvo que se acuerden medidas similares en otras comunidades.
Es importante destacar que el índice de referencia de precios de alquiler, al que se refiere la normativa, también es una herramienta propia de Cataluña. Por lo tanto, esta normativa y sus sanciones están limitadas geográficamente a esta región.