El 2 de febrero marcó un hito preocupante en la erosión de la privacidad en Europa. La entrada en vigor de la primera fase de cumplimiento de la Ley de IA de la Unión Europea (EU AI Act) que bajo la apariencia de regulación, establece la legalización encubierta de la vigilancia biométrica masiva.
El núcleo del problema radica en el Artículo 5 de la ley, que en teoría prohíbe el uso de sistemas de identificación biométrica en espacios públicos por parte de las fuerzas del orden. Sin embargo, esta prohibición se diluye con múltiples excepciones bajo la ambigua premisa de "estricta necesidad". En otras palabras, siempre habrá un argumento para justificar el uso de estas tecnologías, ya sea la búsqueda de personas desaparecidas, la prevención de delitos o la lucha contra el terrorismo.
La vaguedad en los criterios de "amenaza inminente" o "riesgo sustancial" deja un amplio margen de interpretación, permitiendo un despliegue generalizado de herramientas de vigilancia. Además, el respaldo de gigantes tecnológicos como Amazon, Google y OpenAI mediante el llamado "Pacto de IA" demuestra que la regulación, lejos de proteger al ciudadano, allana el camino para un control sin precedentes.
Fuente: artificialintelligenceact.eu/article/5/