Parce, Domine:
parce populo tuo!
Joel 2, 17
En estos últimos días, después del tremendo cataclismo que ha azotado la región de Valencia en España, hemos asistido con consternación y horror al deliberado impedimento por parte del gobierno español de cualquier acción de rescate, no solo por parte de los organismos encargados, sino también de voluntarios y ciudadanos. La ausencia de intervenciones oportunas se ha acompañado de la prohibición de prestar ayuda y enviar socorros de emergencia, ofrecidos incluso por estados extranjeros. Las poblaciones afectadas han sido dejadas durante tres días sin comida, sin agua y sin electricidad. Y mientras los supervivientes permanecían aislados junto a los cadáveres de sus seres queridos, con descarado cinismo el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez se negaba a declarar el estado de emergencia y respondía a los medios: Si los valencianos necesitan ayuda, solo tienen que pedirla. Los miembros de las fuerzas del orden y de los bomberos han denunciado a sus superiores jerárquicos por haberles dado expresamente la orden de no intervenir. Y en el día del domingo, los Reyes de España y el Presidente se presentaron en el lugar del desastre, siendo duramente cuestionados por su escandalosa ausencia. Sánchez se desvaneció ante la reacción de la población ultrajada, justamente furiosa.
Esto, como ahora admite incluso el mainstream, es el último desastre planificado científicamente por los países subyugados al Foro Económico Mundial, cuyos emisarios en los gobiernos son los principales promotores de la Agenda 2030. El pasado agosto, en la prensa internacional, se anunciaba que el impacto de los vastos proyectos de geoingeniería adoptados oficialmente por Marruecos podría tener un impacto destructivo en las condiciones climáticas de España, y que la comunidad científica había expresado serias preocupaciones y esperaba un seguimiento cuidadoso de los fenómenos meteorológicos en la Península Ibérica. Sabemos que estos proyectos están financiados en gran parte por la Unión Europea y por otras entidades privadas alineadas con la narrativa fraudulenta del cambio climático. También sabemos, por las patentes registradas y por los proyectos difundidos a nivel global, que la siembra de nubes implica la emisión en el aire –y por tanto sobre las personas, en las aguas y en los cultivos– de sustancias altamente tóxicas, como el aluminio, el bario y el estroncio. Además de esto, el programa HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program – es ampliamente utilizado como arma no convencional, por el impacto devastador de las altas frecuencias sobre el clima, los fenómenos sísmicos y la actividad volcánica. Los monitoreos realizados en los días previos a la inundación y en las horas en que se producían las precipitaciones muestran anomalías que los expertos reconocen como un efecto inequívoco de intervenciones humanas y no naturales.
España no es, lamentablemente, la primera nación afectada por estos fenómenos provocados deliberadamente. La voluntad criminal de causar el mayor daño posible a las poblaciones es demasiado evidente. Pensemos en la loca gestión verde de los embalses y las presas, casi todos destruidos en los últimos años; o en la de los canales y los cursos de agua, que las normas europeas prohíben dragar y limpiar de troncos y ramas. Y más aún: las imprudentes políticas de destrucción de la agricultura, la ganadería y la pesca, en beneficio de la producción intensiva de las multinacionales; la planificación de hambrunas y sequías mediante la geoingeniería, con el fin de convertir los campos arrebatados al cultivo en instalaciones fotovoltaicas para alimentar los centros de datos con los que controlar cada uno de nuestros movimientos. Las multinacionales se están apropiando de la gestión del agua, con el pretexto del cambio climático, con el único propósito de usarla para los sistemas de refrigeración de los mismos centros de datos.